Los liberales en general, y los anarcocapitalistas en particular, tenemos una imagen bastante clara de la sociedad que queremos y en esa sociedad todos los bienes y servicios se producen e intercambian de una manera libre y voluntaria; pero también es posible la prestación de servicios libre y voluntaria dentro de un estado como los actuales con pequeñas limitaciones. Por lo tanto tendemos a pensar que una buena manera de ir eliminando al estado de aquellos sectores que monopoliza es trasladando la gestión en un primer paso (y más tarde la propiedad) de esos servicios públicos a la sociedad privada.

Sin embargo ha de quedar claro que esta acción no siempre produce una mejoría en ese servicio por la sencilla razón de que la mayoría de las veces no se aumenta la libertad de las personas y ese ha de ser el baremo que debemos utilizar para evaluar cualquier mejora hacia una sociedad libre.

Los problemas de la gestión privada de servicios públicos

Es solo en ese momento de analizar el aumento o no de la libertad de las personas involucradas en un sector cuando encontramos la raiz del problema. Así, si simplemente procedemos a la privatización de la gestión, o incluso de la propiedad, de un servicio público pero mantenemos su característica de público vemos que no estamos aumentando la libertad de nadie. Por un lado el ciudadano-usuario no aumenta su libertad ya que sigue atado a un único proveedor, a un precio único y obligatorio que además sigue oculto.

Los trabajadores siguen atados al único empleador gestor del servicio, con un monopolio legal de la oferta de trabajo del sector.

El gestor privado también se ve atado al personal y recursos que se han utilizado para prestar el servicio público hasta ese momento, ya que normalmente está obligado a una subrogación de los mismos como condición de los pliegos del concurso de privatización.

Y el político solo ha subcontratado la gestión sin que esta pueda alterar substancialmente los parámetros de la prestación de bienes o servicios. Ha cambiado a un personal público de confianza por un contrato a una empresa privada, pero realmente la situación es equivalente puesto que no se puede esencialmente modificar el servicio ya que esta está ligado al personal y recursos actuales y al tipo de prestación que ha salido a concurso.

Vemos por lo tanto que el problema fundamental no es que hablemos de una "gestión privada" sino de que seguimos hablando de "servicios públicos". La ineficiencia inherente y la falta de incentivos propios de los mismos van a contaminar cualquier intento de recubrirlos con una capa de "gestión privada".

El objetivo real de la privatización

Es cierto que, para un liberal, cualquier privatización real debería incluir la privatización no solo de la gestión sino también de la propiedad de los medios de producción del bien o servicio, puesto que sin esa propiedad es imposible realizar la mayoría de las mejoras necesarias para adaptarse al cambio permanente de las necesidades de los clientes.

Para ser real, esa privatización debe ir en paralelo de la creación de un verdadero mercado para ese servicio; o más bien, la eliminación de la prohibiciones al mercado que existían durante la fase de servicio público. Y, por supuesto, esa privatización debería terminar con la extinción del servicio público per se; es decir finalizar cualquier involucración del estado en el sector en cuestión.

En contra de la práctica actual, tampoco es necesario en esa privatización modelar un mercado que fuera próximo a lo que entenderíamos como perfecto partiendo el servicio público actual, por ejemplo dividiéndolo en múltiples empresas ni protegiendo el sector de la inversión externa ya que, al igual que nos es imposible producir un servicio público eficiente nos es imposible "diseñar" un mercado eficiente.

Sabemos que es importante llegar a ese punto, pero también sabemos que en una sociedad profundamente colectivizada como la actual es una quimera plantear una privatización profunta y rápida como la que se pudo hacer en los casos más sangrantes como correos, las telecomunicaciones, prensa escrita o los bienes de consumo masivo.

Es por eso por lo que hay que orientar al político liberalizador en qué acciones aumentan realmente la libertad de los ciudadanos y cómo realizarlas.

Guía práctica de privatización

En cualquier caso el anarcocapitalista pragmático debe siempre plantear unos pasos reales para que las privatizaciones se hagan aumentando realmente la libertad de las personas y garantizando, por lo tanto, una situación de sociedad más libre tras el proceso de privatización.

Uno de los medios más claros para la creación de espacios de libertad es la división del servicio en las unidades más pequeñas que sea posible. Así un servicio de basuras nunca se contratará para la ciudad completa sino para la parte más pequeña que sea posible gestionar, como un distrito o barrio. Veremos que en casos como este se puede llegar a unidades más pequeñas promoviendo una división vertical de cada servicio.

Una necesidad fundamental para una privatización efectiva de un servicio público es la no perennización de la relación laboral mediante la subrogación de los contratos. Está claro que pese a ser fundamental es uno de los objetivos más dificiles de obtener; sin embargo una subrogación permantente de los contratos y un grupo estable de trabajadores ligados al servicio van a permitir siempre volver a colectivizarlo de una manera rápida por muy costosa que sea. El objetivo será por lo tanto mantener a los trabajadores actuales del servicio público separados del nuevo mercado libre mediante el mantenimiento de una empresa pública de contratación cero y con disminución permanente del personal que se encargue progresivamente de una parte cada vez menor del servicio, ya sea especializada o para un colectivo particular. Por ejemplo reconvirtiendo al personal en inspectores, dar ese servicio sólo a los clientes públicos o a otra actividad de la que se tenga clara su extinción.

Otro componente importante es que el ciudadano pueda elegir personalmente, o en colectivos parciales, cualquiera de los proveedores de esas unidades de servicio más pequeñas. Así una comunidad de vecinos podría cambiar de servicio de recogida de basura a otra de un barrio cercano siempre que haya empresas dispuestas a dárselo.

Un mecanismo sencillo para obtener unidades de servicio pequeñas y una relación de los empleados sana con el mercado es hacer contratos de pequeña duración, tendiendo a no ser más largos que un año. De esa manera se garantiza un mayor dinamismo del mercado laboral de una empresa a otra y la posibilidad de que las propias empresas realicen una mayor división vertical interna (por ejemplo a camiones de basura autónomos de la misma manera que se realiza en el transporte por carretera o médicos independientes de atención primaria trabajando para aseguradoras de la misma manera que se hace ahora con las sociedades privadas).

Para aquellos servicios públicos que tengan un eminente factor geográfico es importante además que la licitación y selección de las empresas proveedoras se realice lo más localmente posible; esto permitirá una mayor causalidad y responsabilidad de los representantes políticos respecto a sus electores. Es tan irracional pensar que un único contrato a nivel global va a ser más efectivo que muchos locales como pensar que un monopolio estatal va a dar mejor servicio que un mercado.

En estos casos también hay que dar libertad al nivel y tipo de servicio que se ha de dar en cada unidad de servicio, no todos los sectores de población van a valorar lo mismo un tipo de servicio ni van a estar dispuestos a sacrificar el mismo trabajo para obtenerlo; esto permite además buscar nuevas modalidades de servicio más eficiente y adaptadas a los cambios de la ciudadanía.

Hay que evitar en cualquier caso la tentación de "encapsular" una parte no competitiva del sector en una empresa pública en monopolio, ya que esa irrealidad contaminará todo el sector creándolo dependiente de las subvenciones a esa empresa que se transmitirán como precios irreales al resto de empresas. Un ejemplo erróneo claro es la división de los servicios ferroviarios entre el operador de los trenes y el proveedor de la infraestructura subvencionado mediante transferencias públicas, los precios que da el operador de trenes van a estar tan ligados a los falsos precios del proveedor de infraestructura que los gestores de los primeros para mejorar sus beneficios dedicarán más esfuerzos a obtener mejores precios de los segundos presionando a los políticos que a mejorar su propio servicio.

Y, para finalizar, hay que intentar siempre transmitir la información de la valoración del servicio y el coste del mismo mediante la introducción de un sistema de precios lo más real posible; permitiendo al ciudadano, por ejemplo, mejorar la prestación con un suplemento voluntario o aplicando un sistema de cheque publico del servicio.

Mejorías temporales por "gestion privada de servicios públicos"

En cualquier caso no hay que ser completamente crítico con esta opción ya que, aunque a futuro no debieran prestar mejoría, sí que lo permiten de una manera temporal debido a los condicionantes sociales.

Así, en un servicio público, el sesteo de los funcionarios y la incompetencia del gestor se hace privada y aceptada debido a los condicionamientos laborales (ni a los sindicatos ni a los políticos les conviene denigrar el servicio en público) mientras que el beneficio de la empresa concesionaria se hace público e inaceptable (sobre todo a ojos de los sindicatos que han perdido poder de presión y a los políticos que deben dar una imagen de cliente exigente frente a los electores).

Y no solo los sindicatos y políticos se vuelven más exigentes con el servicio una vez está privatizado, sino también una sociedad civil ya ampliamente adiestrada para la colectivización será profundamente crítica con cualquier problema con el servicio o "exceso" del beneficio.

Sin embargo debe quedar claro que estas mejorías son temporales puesto que el mismo factor sociológico que aumenta la exigencia cuando el servicio se presta de manera privada hace que, ante la aparición de cualquier crisis, la tentación de volver a la colectivización sea imparable. Y esta crisis se producirá con mucha probabilidad antes de poder dar el paso hacia una privatización más real por la razón que hemos explicado al principio, ya que realmente no se amplía la libertad no se mejora el servicio. Con lo cual volvemos al punto inicial de realizar una privatización más inteligente con el objetivo de un mercado real mediante una mayor libertad.