Publicidad es el conjunto planificado y organizado de acciones comunicativas cuya finalidad es influir en la percepción y la conducta del público objetivo. Un primer propósito de la publicidad es proyectar una imagen positiva o favorable. Corporaciones públicas y privadas, e incluso individuos, dedican recursos a la publicidad corporativa.

Los gobiernos, en particular, gastan enormes sumas en publicidad «institucional» (propaganda) para justificar su existencia: «Soy del Gobierno y aquí estoy para ayudar», decía irónicamente Ronald Reagan. Un segundo propósito es comercial: aumentar las ventas de productos y servicios; y aquí es donde observamos injustas acusaciones a través de eslóganes y lemas. La publicidad es persuasiva: se dirige a las emociones, afectos e intereses; pero también apela al intelecto cuando presenta información objetiva: características, ventajas, precios, etc.

La publicidad crea necesidades

Un primer error consiste en pensar que los anuncios pueden crear necesidades ex novo : desear algo que antes no deseábamos. Todo producto o servicio novedoso siempre satisface necesidades preexistentes, sólo que de forma más atractiva o útil para el consumidor. Por ejemplo, el «entretenimiento» es una necesidad (o deseo) [1] humana que podemos satisfacer leyendo un libro, haciendo un crucigrama, escuchando música o navegando distraídamente por Internet. La «comunicación» es otra necesidad humana que puede satisfacerse con diferentes tecnologías: correo postal, teléfono, fax, correo electrónico, Whatsapp, redes sociales, etc.

La publicidad fomenta el consumismo

Según la (R.A.E.) consumismo es la «tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios». Aquí, cabría preguntarse: ¿cómo diferenciar entre consumo moderado e inmoderado? y ¿cómo diferenciar entre bien necesario e innecesario? Estamos ante cuestiones psicológicas, cuya respuesta está en la insondable mente de cada individuo.

Para nosotros «consumismo» es la arbitraria y moralizante acusación de que alguien consume algo en demasía. ¿Y cuánto es demasiado? No hay forma objetiva de saberlo. Consumismo podría ser: poseer más de 1 vehículo, más de 20 pares de zapatos, viajar más de 3 veces al año, fumar más de 20 cigarrillos al día, etc. Todas estas afirmaciones, al igual que las tocantes al «subconsumo» son juicios de valor carentes de interés para la ciencia económica. La respuesta del economista es: cada persona determina en cada momento el dinero dedicado a gasto, ahorro o inversión, y cualquier proporción elegida es aquella que le proporciona una mayor utilidad.

Paternalismo

Los enemigos del consumismo ven al consumidor como un ser indefenso, un alma cándida en manos de hábiles manipuladores. Las prohibiciones y restricciones legales a la publicidad —tabaco, alcohol, fármacos, apuestas— obedecen al afán paternalista de los políticos y son aplaudidas habitualmente por las masas. Ningún bien escapa a esta caza de brujas, por ejemplo, se restringe la publicidad de productos azucarados: bollería industrial, galletas, helados, zumos, etc. El ministro Garzón, refiriéndose a los menores, justifica la regulación así: «Es esencial para protegerlos del bombardeo de productos no saludables».

Recordemos aquí la lamentable afirmación de la ministra Isabel Celaá: «No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres». «Es falso que la propaganda comercial somete a los consumidores a la voluntad de los anunciantes» (Mises, 2011: 389). La publicidad solo compensa «si la calidad del artículo es tal que no induce al adquirente a dejar de comprarlo en cuanto lo prueba» (Mises, 2011: 388). El consumidor ex ante tiene abundante información (i.e. reseñas en Internet) para tomar una decisión, y lo más importante: ex post puede comprobar por sí mismo la veracidad de un anuncio.

Publicidad ideológica

Tras la acusación de consumismo, con frecuencia, subyacen aviesas ideologías: ecologismo, igualitarismo, anticapitalismo, etc. Tal es su fuerza que encontramos publicidad para consumir menos. La empresa Levi Strauss & Co. mantiene la campaña «Compra mejor, úsalo más» cuya finalidad es reducir el consumo de ropa y contribuir a la sostenibilidad del planeta. Por supuesto, Levi´s no pretende reducir sus ventas, sino atraer a nuevos clientes preocupados por el cambio climático para que elijan sus prendas más duraderas.

Pero la publicidad ideológica es sumamente arriesgada. Gillette, en 2019, lanzó un polémico anuncio de 100 segundos donde aparecían hombres malos y buenos. Los primeros representaban la «masculinidad tóxica»: matones de patio de colegio, acosadores sexuales, etc. El eslogan del anuncio «El mejor hombre que podría ser» refleja bien su cariz moralizante: los hombres «deberían» comportarse mejor y ser menos machistas. Todo un despropósito que ocasionó el boicot de la marca. El intento de ganar clientes alineándose con el feminismo —movimiento #MeToo — supuso a Gillette, solo en el segundo trimestre de 2019, pérdidas de 5.240 millones de dólares.

«Si el producto es gratis, el producto eres tú».

Otra acusación frecuente es que la publicidad cosifica a la persona. La crítica al producto «gratis», sin embargo, no va dirigida a determinados negocios —TV en abierto, radio— que proporcionan contenidos gratuitos y se financian con anuncios. La ira se dirige a empresas tecnológicas —Google, Facebook, Twitter, YouTube— que utilizan datos de los usuarios para fines comerciales.

Se dice, por ejemplo: «En internet pagas con algo mucho mas valioso que tu dinero, tu privacidad». La preferencia revelada por los consumidores nos indica lo contrario: la mayoría valora más el dinero (no pagado) que los posibles inconvenientes derivados del uso de sus datos. En cualquier caso, quienes deseen preservar su intimidad siempre pueden abstenerse de utilizar los servicios gratuitos que ofrece la Red. Paradójicamente, quienes ven oscuras intenciones en las empresas que ofrecen bienes gratuitos, aplauden el «todo gratis» del confiscatorio e inmoral sector público.

Bibliografía

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Mises, L. (2011). La acción humana . Madrid: Unión Editorial.

[1] La distinción entre necesidad y deseo no es nítida y para nuestros fines no es relevante.

Serie ‘El lenguaje económico’

(XXIV) El juego

(XXIII) Los fenómenos naturales

(XXII) El turismo

(XXI) Sobre el consumo local

(XX) Sobre el poder

(XIX) El principio de Peter

(XVIII) Economía doméstica

(XVII) Producción

(XVI) Inflación

(XV) Empleo y desempleo

(XIV) Nacionalismo

(XIII) Política

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

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Durante el periodo del capitalismo del «lassaize faire» hubo dos procesos sociales originalmente distintos en lo que respecta a los trabajadores: la formación del «pilar obrero» y la creación de la clase obrera.

No es nueva la idea que distingue la formación de instituciones obreras orgánicas y de la clase obrera como dos procesos distintos. Ya en 1943 (p. 153-154) Joseph Schumpeter observó que los sindicatos con prácticas burguesas son una consecuencia evolutiva natural del capitalismo. Y eran los intelectuales quienes suministraron las teorías de la guerra de clases, y al hacerlo cambiaron el significado del movimiento obrero impartiéndole un sesgo revolucionario.

La (falsa) idea del antagonismo de clases

Mucho antes que Schumpeter, Lenin opinaba que los trabajadores no eran, ni podían ser, conscientes del antagonismo irreconciliable de sus intereses con el sistema capitalista y que, por su propio esfuerzo, sólo podían desarrollar la conciencia sindical. Por eso, la doctrina teórica de la socialdemocracia (socialismo- AT) surgió de forma totalmente independiente de los movimientos obreros orgánicos.

La idea de lucha de clase surgió como resultado del desarrollo del pensamiento entre las intelectuales de clase media y alta (1902, 17-18). Marx también era consciente del hecho de que los trabajadores no forman automáticamente una clase por sí mismos (Marx y Engels 1848, 493, Marx 1867. Cap. 25). Marx era plenamente consciente de la necesidad de movimientos políticos socialistas y de propaganda para crear y aumentar la conciencia de clase de los trabajadores, unirlos y prepararlos para la revolución.

Formación del pilar obrero

Esta nueva serie de artículos argumenta que primero se formó un «pilar obrero» orgánico durante los siglos XVIII-XIX en los países europeos. Este pilar se formó y constituyó principalmente de trabajadores cualificados y sus familias en las grandes ciudades industriales. El pilar obrero se consolidó mediante el desarrollo de una red orgánica de instituciones entrelazadas y por la estabilización de las tradiciones culturales obreras. A este desarrollo orgánico de la institucionalización lo denomino « formación del pilar obrero «.

Tomo prestado el término “pilar” de su uso en los Países Bajos, donde, en su contexto original «formación del pilar» describía cómo la sociedad holandesa fue capaz de garantizar una coexistencia pacífica entre dos comunidades religiosas diferentes: los católicos y los protestantes. En un sentido más amplio, hizo posible un orden social y un Estado pluralista. De este modo, los holandeses pudieron evitar el resurgimiento de guerras santas interreligiosas o, en todo caso, situaciones similares a una guerra civil.

El primer éxito del marxismo

Postulo que la “pilarización” fue la formación institucional original y orgánica de los obreros. Esta formación se interrelacionó y entrelazó con el proceso de « creación de la clase obrera » durante la segunda mitad del siglo XIX como resultado de la difusión del marxismo entre los activistas clave del pilar obrero. Los activistas marxistas transformaron el pilar obrero de una clase trabajadora.

De hecho, la razón del éxito del marxismo fue que el pilar obrero proporcionó una base sólida sobre la que se construyó el proyecto marxista de formación de la clase obrera. Así pues, el primer éxito del marxismo, y probablemente el más impactante, fue el establecimiento del control político sobre el pilar obrero.

Esta transición primero ocurrió en Alemania, donde el partido socialdemócrata marxista estableció un control casi total sobre los sindicatos en el último cuarto del siglo XIX (Katznelson, 1986).

A pesar de entrelazarse, ambos procesos tuvieron repercusiones sociales y políticas opuestas, que se analizarán en esta serie de artículos.

1. Las diferencias entre el pilar societal y el concepto marxista de clase

1.1 Pilarización

La segmentación por pilares surgió y se desarrolló en la sociedad neerlandesa (Slomp 2011). El origen de la pilarización es que la división protestante-católica no había sido abordada por la descentralización o el federalismo, como en Alemania o Suiza. En el siglo XIX, la minoría católica de los Países Bajos empezó a construir su propia red de organización para conseguir una mayor voz en los asuntos nacionales en un país dominantemente calvinista (Orlow 2009, 26).

El punto de partida de la pilarización en los Países Bajos se produjo en el ámbito de la educación. La cuestión educativa se convirtió en un conflicto importante y salpicó a la política nacional. Este proceso inició el marco para una amplia gama de compromisos sobre cómo proporcionar servicios sociales sobre una base comunitaria. Legitimó una preferencia por las coaliciones de base amplia, basadas en las comunidades religiosas, por la proporcionalidad y la autonomía relativa en la política y la sociedad neerlandesas. Esto condujo a la formación de pilares sociales.

Este proceso de pilarización significó que grandes segmentos de la sociedad neerlandesa habían creado para sí redes institucionales paralelas que les asistían en la vida desde la cuna hasta la tumba. Cada pilar religioso tenía fuertes vínculos personales, organizativos e ideológicos. Así, la sociedad neerlandesa se pilarizó, dividiéndose en subculturas con su propia red integrada de organizaciones pilarizadas (Otjes y Rasmussen 2017).

Las subvenciones estatales apoyaron aún más este proceso de segmentación y compromiso en torno al Estado neerlandés, que se convirtió en la fuerza unificadora y reguladora de la sociedad al disminuir el antagonismo fraccional por la vía de la integración y, al mismo tiempo, asegurar la supervivencia del orden institucional comunitario. Se crearon mecanismos de consulta periódica entre los pilares con la ayuda de organismos estatales. Este proceso se vio reforzado por el periodo de depresión de entreguerras, que desencadenó mecanismos corporativistas de cooperación entre las asociaciones patronales, los sindicatos y el Estado.

Cada pilar cubría las necesidades sociales de sus miembros con una serie de instituciones como sindicatos, sociedades de ayuda mutua, cooperativas de consumo, clubes deportivos y de ocio, a veces sus propias instituciones educativas, agencias de asistencia sanitaria, medios de comunicación impresos y redes de televisión, y otras organizaciones. Esto condujo a una coexistencia más o menos pacífica entre los grupos segmentados a través de pilares sociales apoyados por el Estado (Slomp 2011, p.278).

1.2 La formación de clases marxista

En el esquema marxista, la historia de todas las sociedades existentes es la historia de la lucha de clases. La causa de la lucha de clases es que las clases dominantes han explotado a las clases trabajadoras a lo largo de la historia de las civilizaciones humanas. La revolución burguesa no ha abolido los privilegios de las clases dominantes ni ha puesto fin a la explotación de las masas.

Al contrario, decía Marx, la opulencia de la burguesía se basa en la explotación de la clase obrera. Lo que es único en el capitalismo es que la explotación de los trabajadores por el capital está oculta y es inobservable frente al feudalismo o la sociedad esclavista. Marx pensaba que su mayor logro era el descubrimiento de este mecanismo de explotación oculto del sistema de producción capitalista. Marx con su teoría de la explotación quería demostrar que la explotación no surgía de situaciones individuales de forma ocasional y accidental, sino que resultaba de la propia lógica del sistema capitalista, inevitable e independientemente de cualquier intención individual (Schumpeter 1943, 26).

En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels preveían que, con el progreso del capitalismo, el trabajador se hundía cada vez más y se convertía en un pobre miserable. Opinaban que la miseria masiva, la opresión, la esclavitud asalariada, la degradación y la explotación conducirán a una revolución inevitable, que destruirá el sistema capitalista y liberará a la humanidad de la explotación y la opresión del capital.

Con este mensaje profético, Marx pretendía enfrentar a los trabajadores al capitalismo y al Estado burgués para poder llevar a cabo la revolución socialista, en lugar de impulsar su integración en el tejido social del capitalismo industrial. Así pues, el marxismo en su esencia era un programa revolucionario y profético. De hecho, aunque muchos afirman que el héroe nominal de Marx fue Prometeo (Kolakowski 1978, vol. I. 412-413), en nuestra opinión su verdadero héroe bien podría haber sido Moisés, que trajo la libertad y la redención a su pueblo elegido. De hecho, Schumpeter (1943) también caracterizó a Marx como profeta.

El propio Marx participó activamente en la I. Internacional para persuadir a otros líderes de movimientos obreras de que siguieran la línea teórica revolucionario marxista y se organizaran en partidos políticos para poder alcanzar el poder (Przeworski 1985,8., Musto 2018, 426-7). Karl Kautsky (1899, 26), el principal marxista ortodoxo alemán opinaba que « la tarea del partido obrero socialista es moldear la lucha de clases del proletariado en la forma más adecuada, e inculcarle la comprensión más clara posible de sus objetivos «.

Así, el concepto marxista no se limita a esperar el curso inevitable de los acontecimientos, sino que asigna el papel de agente a la formación de la clase obrera. El líder profético ilumina a las masas en cuanto a su verdadero interés propio, y cuando están iluminadas son capaces de organizarse y escapar de la libertad hipócrita, que en realidad es esclavitud, a la que habían estado sometidas (Engels 1844, 379, Marx 1867, 747). Marx y Engels trabajaron incansablemente para hacer de este concepto el programa político de todos los partidos y organizaciones obreras, incluidos los sindicatos, y para no buscar ningún consenso con el orden burgués, sino dirigir una lucha de clases consciente contra el capitalismo y el orden burgués.

1.3 La diferencia entre la pilarización y la formación de la clase obrera

Resumiendo, las diferencias entre la pilarización y la formación de la clase obrera, mi argumento es que la formación del pilar obrero, basada en el modelo holandés de pilarización, facilitó la integración de los obreros industriales urbanos cualificados y sus familias en la emergente sociedad capitalista y el orden político a través de la lucha sindical, los compromisos y la negociación.

La formación del pilar obrero se basó en parte en la cultura, los rituales y las prácticas de la sociedad tradicional del anterior orden feudal, y en parte desarrolló nuevas instituciones, como los sindicatos, adaptadas a las condiciones de las economías de mercado industrializadas para garantizar una estabilidad y un bienestar considerados justos por los obreros mismos. La creación de instituciones también facilitó la consolidación de una cultura y una comunidad diferenciadas que englobaban a los trabajadores cualificados y a sus familias en un «pilar».

El proyecto político marxista de construcción de clase, por el contrario, pretendía bloquear la integración de los trabajadores en el sistema capitalista mediante la inoculación de la conciencia de clase y un programa revolucionario. Marx vinculó su crítica teórica del sistema capitalista y de los mecanismos de explotación con un programa político que debían adoptar los partidos revolucionarios marxistas. La formación de la clase obrera en este sentido es un proceso político, durante el cual los trabajadores adquieren conciencia de clase, se unen y aprenden a actuar juntos.

El concepto marxista de clase es una categoría sociológica más amplia de lo que era el pilar obrero inicial. El concepto marxista incluía a todos los trabajadores, especialmente a los proletarios, que no están cualificados, son pobres y realizan un trabajo repetitivo como apéndice de las máquinas. Mientras que el pilar obrero, especialmente al principio de su formación, estaba compuesto por trabajadores cualificados altamente formados, casi artesanos, cuya autopercepción estaba moldeada por las tradiciones gremiales y su posición relativamente segura y acomodada dentro de la sociedad urbana.

El proceso de formación de pilares obreros precedió a la formación de la clase obrera. Sin embargo, ambos procesos se interrelacionaron fuertemente a medida que las ideas marxistas conquistaron el pilar obrero, proceso que se describirá y analizará en el próximo artículo.

( Escrito con la colaboración de Joseph B. Juhász )

Literatura

Engels, F. (1844) ‘The Condition of the Working-Class in England. From Personal Observation and Authentic Sources’, in Marx and Engels Collected Works vol. 4. 2010th edn. Electric Book: Lawrence & Wishart, pp. 295–583.

Katznelson, Ira. (1986). Working Class Formation: Constructing Cases and Comparisons. In. Katznelson and Zolberg (Eds.), Working Class Formation: Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and United States (pp. 3-44.).

Kautsky, K. (1899) The Class Struggle . New York: Labor News Company.

Kolakowski, L. (1978) Main Currents of Marxism: Its Rise, Growth, and Dissolution . New York: Oxford University Press.

Lenin, V.I. (1902) What is to be Done? Marxists Internet Archive. https://www.marxists.org/archive/lenin/works/download/what-itd.pdf

Marx, K. (1867) ‘Capital. Vol.I.’, in Marx-Engels Collected Works. Vol. 35. 2010th edn. Electric Book: Lawrence & Wishart.

Marx, K. and Engels, F. (1848) ‘Manifesto of the Communist Party’, in Marx Engels Collected Works. Vol. 6. 2010th edn, pp. 477–519.

Musto, M. (2018) Another Marx . London and New York: Bloomsbury Academic.

Orlow, D. (2009). The lure of fascism in western Europe: German Nazis, Dutch and French fascists, 1933–1939 . Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Otjes, S. and Rasmussen, A. (2017). The Legacy of Pillarization. Trade Union Confederations and Political Parties in the Netherlands. In. Allern and Bale (Eds.), Left-of-Centre Parties and Trade Unions in the Twenty-First Century (pp. 186-205). Oxford: Oxford University Press.

Przeworski, A. (1985) Capitalism and social democracy . Cambridge: Cambridge University Press.

Schumpeter, Joseph (1943) ‘Capitalism in the postwar world’’, in Postwar Economic Problems. S.E. Harris (ed.) . New York and London: McGraw-Hill Book Company.

Slomp, H. (2011). Europe . A Political Profile, An American Companion to European Politics. Vol. 1. Santa Barbara: ABC-CLIO.

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Entreverada con la ristra de demoliciones de los valladares más básicos del Estado de Derecho y otros escándalos garantizados por el gobierno actual, está quedando en un plano secundario la huelga indefinida que convocaron tres asociaciones de secretarios judiciales [1] , la cual, con un ensayo previo de dos días en diciembre, se prolonga desde el pasado 24 de enero.

A pesar de las graves consecuencias que su inactividad acarrea al funcionamiento normal de los juzgados [2] , no parece que este asunto despierte un gran interés. Se trata, por lo demás, de un conflicto colectivo en el ámbito de Administración de Justicia, protagonizado por un pequeño grupo de funcionarios cualificados [3] que, en principio, no granjea la simpatía de los sindicatos y los medios de comunicación dominantes al servicio de los partidos del gobierno de coalición.

La función de los secretarios judiciales

Conviene añadir que estos funcionarios estatales – dependientes orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia – tradicionalmente desempeñaban la función de fedatarios públicos al servicio de los tribunales, diferentes de los jueces y otros ayudantes de la Administración de Justicia. Por resumir, la validez de la mayoría de los actos procesales requerían su presencia, lo cual les convertía en certificadores de su autenticidad y de las copias de los documentos incorporados a las actuaciones judiciales [4] . Otra de sus tareas típicas consistía en la custodia de los caudales puestos a disposición del juzgado o tribunal al que servían, si bien la gestión bancaria de las cuentas de consignación les ha ido convirtiendo en meros supervisores y encargados de ordenar pagos a los interesados.

Como un vector de las reformas legislativas en esta materia, desde la LOPJ de 1985, se les fueron atribuyendo funciones adicionales, como el “impulso procesal” y  la dirección de los ayudantes y auxiliares de los juzgados [5] . Posteriores reformas – como las aprobadas a instancia del gobierno de Aznar [6] y, más aún, la Ley Orgánica 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, promovida por el gobierno de Rodríguez Zapatero – se dirigieron a interpretar en contra de la Constitución el concepto de “ejercicio de la potestad jurisdiccional” y arrinconar a los jueces y magistrados como meros productores de sentencias en los procedimientos sometidos a su conocimiento.

Independencia

En vez de crear, por ejemplo, la figura de jueces adjuntos para descargar de trabajo a los titulares y con el pretexto de agilizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales, se fue atribuyendo a los secretarios las funciones de dirección del proceso y la ejecución de las resoluciones judiciales, a pesar de que no cuentan con un estatuto de independencia equiparable al de jueces y magistrados [7] . Otro flanco, pues, desde el que una consistente política legislativa de gobiernos de PSOE y PP ha cercenado la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados.

No en vano, los ayudantes en quiénes delegan tareas no responden ante el propio juez o los órganos del poder judicial, sino ante cargos políticos. La autoridad que podría ejercer el juez en el caso de desempeñar la jefatura de la oficina judicial para amparar a ayudantes independientes e imparciales queda laminada. Estructuralmente su labor queda comprometida porque deben contar con colaboradores que orgánicamente dependen del gobierno central (secretarios) o de las CC.AA (oficiales y auxiliares o gestores procesales y administrativos – al servicio de los juzgados ).

Súmese a esto que la provisión de medios materiales constituye una competencia directa del Ministerio de Justicia (para aquellos tribunales con jurisdicción en toda España) o de las consejerías de justicia de las CCAA para hacerse una idea del grado de precariedad con el que funcionaría el Poder Judicial, incluso teniendo un órgano de gobierno (el CGPJ) que no dominaran los políticos.

El contagio de la política

Durante estos años de consistentes pasos para mediatizar al máximo la independencia judicial, los conspicuos ideólogos socialistas han tendido señuelos hacia corporaciones como los secretarios judiciales. No en vano se trataba de favorecer el tránsito hacia un modelo de control del poder judicial por parte del ejecutivo sin que se notara el cuidado ante el gran público. No bastaban los halagos a los miembros de la corporación.

La sustancial ampliación de competencias que les atribuyeron las sucesivas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial debía acompañarse de un paralelo incremento de las retribuciones por el desempeño de nuevas responsabilidades. De ahí que una recóndita Disposición adicional 157ª (¡!) de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 , negociada con sus representantes, previera una “adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las últimas reformas procesales y organizativas”.

El funcionamiento del sistema judicial

Más aun. El año pasado en desarrollo de ese compromiso, el gobierno aprobó el Real Decreto 285/2022, de 19 de abril , [8] que estableció unos aumentos progresivos por esos conceptos para los secretarios, salvaguardándolos de la inflación.

El comité de huelga emitió el pasado día 21 una nota para denunciar que la Ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca, se niega a mantener una reunión antes del 1 de marzo “por problemas de agenda”. De manera que el fin de la huelga se aleja más, según los convocantes.

Sin necesidad de tomar partido por las posturas funcionariales, queda la impresión de que el gobierno, inmerso en una vorágine de desmantelamiento institucional, no tiene ningún interés en que la Administración de Justicia funcione por sus cauces normales.

[1] El Colegio Nacional (CNLAJ), la Unión Progresista (UPSJ) y la Asociación Independiente (Ainlaj). Oficialmente, desde la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de reforma de la LOPJ    ( https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8167 ) promovida por el gobierno de Mariano Rajoy Brey, se denominan “Letrados de la Administración de Justicia”.

[2] A pesar de la aprobación de una resolución ministerial que fijó los servicios mínimos , versiones difíciles de contrastar avanzan en el último mes la suspensión de hasta 160.000 juicios y vistas en toda España, la práctica paralización del reparto de asuntos en los juzgados y tribunales y de notificación de actuaciones procesales, así como el libramiento de pagos.

[3] Según los datos del CGPJ, en la actualidad hay unos 4.068 Letrados de la Administración de Justicia.

[4] Asimismo, cuando se usan medios técnicos de grabación o reproducción, el letrado de la administración de justicia garantiza la autenticidad de lo grabado o reproducido (Art. 146 Ley Enjuiciamiento Civil

[5] No así el régimen disciplinario administrativo de última instancia, que depende de las respectivas Consejerías de Justicia de las CC.AA

[6] Fruto, entre otros, del denominado “Pacto por la reforma de la Justicia” firmado por PP y PSOE en 2001 fue la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre ( https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23644 )

[7] La LOPJ y el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios configuran un cuerpo de funcionarios bajo una estructura jerárquica dependiente del Ministro de Justicia. Con todos los procesos reglados para la selección y funcionamiento de la carrera que se quieran, pero el Ministro de Justicia del gobierno de turno retiene las potestades disciplinaria y decisora de la retribución de los secretarios judiciales. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-839

[8] https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/19/285 El Real Decreto 285/2022, de 19 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, de acuerdo a esa Disposición 157 ª de la Ley General de Presupuestos

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Los recientes debates acaecidos en España sobre el control al que el gobierno quiere someter a los institutos encargados de elaborar y publicar información económica o social, como el Instituto Nacional de Estadística o el Centro de Investigaciones Sociológicas, deberían hacer reabrir el debate que abrió Rothbard hace ya bastantes años sobre el papel que juegan las estadísticas en el funcionamiento de los estados modernos.

En su trabajo Statistics, Achilles’ heel of goverment , Rothbard nos informa de que sin estadísticas un estado moderno no cuenta ni con la información necesaria ni con la legitimidad para actuar y nos advierte de la necesidad de no dar excesiva relevancia a este tipo de datos, pensados fundamentalmente para poder intervenir en la vida social o económica. En un principio, las estadísticas, contras las que a priori no hay nada que objetar, parecen ser benéficos e inofensivos datos sobre las múltiples dimensiones de la vida social, que nos informan de forma objetiva y que dan pie a numerosos titulares de prensa y son objeto de debate tanto en los medios de comunicación como en la vida social. Además, sirven para zanjar discusiones y para refutar de forma tajante argumentos expresados de forma literaria.

Prohibir las estadísticas

El conocimiento estadístico parece ser de una naturaleza superior a los expresados de forma no numérica o formal. Ahí está la clave de su importancia y la razón por la cual el estado intenta controlar su elaboración y su posterior publicación y de ahí también lo pertinente de cuestionarlas desde el punto de vista que inspira estas líneas.

En un coloquio hace años, uno de los ponentes afirmó que el gobernador de Hong Kong en tiempos de la colonia británica había prohibido a su gobierno la elaboración de estadísticas en su territorio. Desconozco si esta decisión se tomó o no finalmente, pues no pude encontrar fuentes que la contrastasen, pero aunque no tuviese lugar, la idea del gobernador es muy sugerente y los resultados de su gestión parecen haber corroborado que se trató de una muy buena idea.

Hong Kong

El gobernador se libró en primer lugar de los conflictos y demandas sociales que acostumbran a derivar de la publicación de este tipo de datos. Los habitantes del territorio no sabían si ganaban más o menos que sus vecinos o de si la renta de su barrio está mejor o pero distribuida que la de otro colindante. Tampoco sabían si los hombres ganaban más o menos que las mujeres, los jóvenes que los viejos o los inmigrantes que los nativos. También desconocían el tamaño medio de sus viviendas o su relativa esperanza de vida, entre otras muchas cosas que desconocían.

Y aun así no pasó nada, pues el país prosperó hasta convertirse con el tiempo en uno de los países más ricos y libres económicamente del mundo. Nuestro gobernador entendió que precisamente al desconocer todos esos datos disminuía el número de agravios potenciales que se podrían dar entre sus habitantes, al tiempo que se eliminaban buena parte de las demandas de intervención pública para supuestamente nivelar los resultados.

De hecho, si lo pensamos bien, cuáles en última instancia el interés de la clase gobernante en conocer todas esas desigualdades relativas, sino el de buscar una legitimación para intervenir y adquirir por consiguiente más poder político con la excusa de intentar equilibrar los indicadores para que aparenten igualdad (porque lo que se quiere igualar es el dato estadístico no las causas que lo originan). A la falta de legitimidad de la intervención en caso de desconocer se le suma la falta de capacidad administrativa para operar sin la información relevante para poder actuar.

Instrumento para la intervención

Los aparatos administrativos modernos precisan para poder operar de infinidad de datos, que obtienen a través de sus agencias o incluso con la colaboración activa de los administrados. Precisan de censos y catastros actualizados y de datos sobre las rentas de la población que obtienen con la colaboración de empresas y ciudadanía. Necesitan de cifras agregadas de paro y de índices de inflación o de desigualdad como el famoso índice de Gini, tan citado en todo tipo de debates políticos o académicos.

Tampoco desdeña por su utilidad elaborar todo tipo de indicadores de consumo para gravarlo con impuestos, de morbilidad para la gestión de sus sistemas de salud o de mortalidad para sus sistemas públicos de pensiones. Por supuesto, también gustan de hacer clasificaciones por edad, sexo y a veces incluso de raza para desmenuzar todo tipo de diferencias entre los humanos que pudiesen ser usados con fines políticos.

Dicho esto no se puede negar que las estadísticas tienen mucha utilidad en una economía de mercado para poder calcular primas de seguro o realizar estudios de mercado. También por supuesto en la ciencia, en la industria o en la ingeniería, pues sin ella muchos cálculos no podrían llevarse a cabo y muchos desarrollos actuales no se habrían dado. No es para nada este texto una crítica a la estadística como ciencia o disciplina de estudio, sino a los usos que de esta se hace de forma análoga las críticas que los austríacos hacen del uso del formalismo en determinados ámbitos de las ciencias políticas y económicas.

Utilidad

Si bien los orígenes de la estadística tienen mucho que ver con la actuación de los estados, como su propio nombre bien indica, esta se ha desarrollado por su cuenta y puede considerarse una disciplina autónoma, válida para usos privados o públicos. Conserva aún ciertos resabios de estatismo, como por ejemplo su uso frecuente del nacionalismo metodológico en sus estudios; esto es, el locus del análisis acostumbra a ser el del típico estado-nación o alguna de sus unidades administrativas.

Así, lo más habitual es en encontrar estudios como por ejemplo el de tasa de accidentes de automóviles de hombres y mujeres en España en el año 2021 o el consumo de alcohol entre la población también española. No tienen nada de malo estos estudios, pero bien pudiera ser que el factor determinante no fuese el de ser español, sino el de ser hombre o joven respectivamente, y esa debería ser el factor explicar que se explicaría mejor con análisis de tipo cualitativo de las razones de esas tasas, pero sin circunscribirlas a un estado en concreto.

Estatismo subyacente

Pero quien encarga o usa esas estadísticas son los estados y las hacen a su imagen y semejanza, con el problema de que no todos los agrupamientos sociales españoles son homogéneos al respecto y la tasa bien poco puede informar sobre una situación concreta. Se identifica en muchas ocasiones a la sociedad con un estado concreto y el problema es que ambos no tienen necesariamente porque coincidir. Pero el hecho es que estas estadísticas contribuyen a crear la conciencia de identidad entre ambas y refuerzan el imaginario estatal, al darle algo parecido a una identidad ontológica. Así, decimos que España crece o decrece o es más igual o desigual que Francia o Portugal, por ejemplo, cuando estas metáforas no son de utilidad para la vida cotidiana.

Y además, como vimos, refuerzan el poder de los estados. Primero, porque refuerzan su imagen de competencia, de disponer de información precisa, actualizada y sobre todo objetiva sobre los diversos fenómenos sociales y económicos. Uno de los principales atributos del poder político contemporáneo derivado y fuente de poder, al mismo tiempo, es su pretensión de objetividad y de que sus datos y estimaciones son ciertos, mientras que los que ofrecen institutos y organizaciones privados son de parte y, por tanto, de menos confianza.

El estado se constituye así como un ente neutral y desinteresado que busca ofrecer la mejor información posible. Una vez establecido este principio de pretendida objetividad, se entienden luego los esfuerzos que los gobiernos llevan a cabo para intentar controlar la dirección de las agencias encargadas de llevar a cabo los cálculos estadísticos o de pilotar el diseño de los distintos indicadores, cambiando las fórmulas si hace falta como estamos viendo en el caso del IPC o las tasas de desempleo en España. Una vez lograda la fama de seriedad y objetividad, el resto viene fácil.

Relatos de opresión y agravio

En segundo lugar, porque las estadísticas pueden generar agravios entre colectivos, pues cualquier diferencia estadística entre colectivos bien explicada puede conducir a un relato de agravio y opresión histórica, con razón o sin ella. Si comparamos colectivos, sean estos los que sean, es muy probable que ofrezcan diferencias que pueden en ocasiones ser sustanciales, pues es casi imposible que dos colectivos escogidos al azar ofrezcan los mismos resultados.

Gordos y flacos, alto o bajos, rubios o morenos, extremeños o riojanos analizados estadísticamente ofrecerán resultados dispares en uno o varios indicadores. Si la diferencia es sustancial o no dependerá del observador, pues, no es a priori fácil definir cuando es relevante o no una diferencia. Pero si estos colectivos parten, a priori, o a posteriori después de obtenidos los datos, de un discurso teórico que explique esta diferencia como algún tipo de opresión o discriminación fácilmente se convertirán en motivo de agravio.

Una vez establecido el agravio y documentado estadísticamente, sólo queda que el estado se ofrezca voluntario a nivelar o equilibrar la situación causante del problema, de tal forma que los índices se adecuen a la situación correcta. ¿Cuál es esta? La que en cada momento determinen los gobernantes de turno. Porque la cuestión de determinar cuál debe ser la situación correcta, por ejemplo el grado de desigualdad salarial aceptable o el nivel de distribución de la renta por percentiles y no existe una tabla o una vara de medir que indique cuál debe ser el número correcto. Esto lo determinará el gobernante. Pero en el proceso el gobierno se hace literalmente dueño de nuestras rentas o de nuestras empresas, de tenerlas, para poder repartirlas a voluntad.

Fuente de legitimación

Esto es, nuestras rentas son nuestras hasta la cantidad que el gobierno determine pertinente (se observa fácilmente en los impuestos progresivos como el IRPF). Lo que se determine como pertinente depende de la voluntad de quien elabora y hace cumplir las leyes fiscales y como es fácilmente constatable a lo largo de la historia, estos parámetros se han modificado sustancialmente según el ideario o los intereses de la clase gobernante, pero justificándose siempre en algún tipo de disfunción social medida por estadísticas. Esta se revela, pues, tanto como el talón de Aquiles como una de sus principales fuentes de legitimación. Es bueno, pues, tenerlo en cuenta antes de aceptarlas acríticamente.

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La evolución de los precios tras la salida de la crisis sanitaria de la Covid-19 y los errores de política monetaria cometidos en los años 70 deberían ser dos episodios de la historia contemporánea que sirvan para que los bancos centrales no se relajen en un entorno macroeconómico en el que empezamos a ver ligeras reducciones de la tasa de inflación. Antes de nada, es importante resaltar, aunque sea una perogrullada, que una reducción de la inflación no significa que los precios dejen de aumentar -ni mucho menos que disminuyan- sino que siguen creciendo, aunque a un ritmo ligeramente menor.

Los graves errores cometidos por los bancos centrales a la hora de estimar la variación del nivel de precios y actuar en consecuencia de manera anticipada ha redundado en un descontrol de la inflación a lo largo del último año. Por ello, aprender de episodios previos como la política monetaria durante la crisis de la Covid-19 o los años 70 deberían prevenir a los bancos centrales de frenar la subida de tipos y la retirada de estímulos demasiado pronto. Además, el peligro no solamente se encuentra en un repunte de la inflación en caso de que pare la subida de tipos demasiado pronto, sino sobre todo en el efecto que este tipo de movimientos por parte de los bancos centrales tendría sobre las expectativas de inflación futura, ya que un desanclaje de las mismas podría llevar a la temida espiral de precios-salarios, convirtiendo la inflación en un fenómeno estructural de las sociedades occidentales durante los próximos años.

Enorme aumento de la masa monetaria

Uno de los principales peligros para la inflación actual sigue siendo los balances de los bancos centrales y el enorme volumen de masa monetaria que sigue inundando los mercados, ya que, aunque se hayan detenido casi en su totalidad los programas de QE, la retirada de liquidez sigue siendo muy gradual. Desde hace muchos años se viene descartando el enorme incremento de la masa monetaria como una causa directa de la inflación en Europa y EEUU -en algunos casos con razón-, sin prestar demasiada atención a la inflación que dicho aumento de la masa monetaria podíra estar generando en mercados como el de renta fija y variable o el inmobiliario, generando en muchas ocasiones un falso efecto riqueza en los deciles más altos de la distribución de la renta (donde se concentra la mayoría de tenencia de activos).

Hace ya casi tres años, el economista de la London School of Economics Charles Goodhart avisó en varias columnas y artículos académicos del peligro que suponía la política monetaria que estaban llevando a cabo los bancos centrales en un posible escenario de inflación post-Covid. Sus análisis se basaban principalmente en los monetaristas de los años 80, y destacaban sobre todo un elemento: la importancia de prestar atención a la M2 de los bancos centrales como un indicador del nivel de precios futuro.

Una acelerada respuesta del nivel de precios

De hecho, muchos economistas defienden la idea de que el efecto de la masa monetaria sobre la inflación es mayor cuanto más elevada es esta última. Es decir, cuanto mayor es la tasa de inflación, más sensible se vuelve el nivel de precios a cambios en el volumen de masa monetaria en la economía. La principal explicación para este fenómeno la han dado economistas como Claudio Borio, explicando que cuanto más sensibles son los agentes económicos a la inflación mayor es el efecto sobre esta del exceso de masa monetaria en los balances de los bancos centrales. Uno de los principales canales sería el efecto sobre el consumo que tendría un aumento de la M2 en un contexto de elevada inflación, ya que podría causar un anticipo de compras en un contexto de un influjo de liquidez y ante la expectativa de un mayor nivel de precios en un futuro cercano, reforzando la espiral alcista de precios. Además, dicho efecto se vería incrementado si la masa monetaria adicional se emplea para monetizar déficits que surgen de nuevos programas de gastos o transferencias directas, como fue el caso durante el núcleo de la pandemia, en 2020, en la mayoría de países occidentales.

Es normal que en muchos aspectos dichas circunstancias nos hayan pillado desprevenidos, ya que difirieron muchísimo de la Gran Recesión del 2008. El resultado de la crisis financiera fue una reducción dramática de la creación de masa monetaria (reducción del influjo de crédito) por parte de los bancos comerciales, lo cual hasta cierta parte tuvo que ser compensando a partir de 2015 en el caso del BCE con la creación de nueva masa monetaria a través del QE. Esto contribuyó a reducir durante los primeros años del programa el efecto de la crisis económica, aunque generando ciertos efectos adversos que muchos países siguen pagando hoy en día.

Liquidez acumulada

En 2020, en cambio, la situación era bien distinta, ya que el crecimiento del crédito privado y la creación de masa monetaria por parte de los bancos centrales se encontraban en un momento álgido, en contraste con la ralentización del crecimiento de la M2 en 2008. En concreto, el crecimiento anual de la M2 en EEUU desde 2008 a 2019 se situó en un mero 6%, mientras entre 2020 y 2021 este fue del 27%, lo que unido a los programas de gasto extraordinario elevaron el nivel de deuda en más de un 20% entre 2020 y 2022. No hay duda de que todo ello contribuyó a reforzar la recuperación y lograr tasas de crecimiento más elevadas (aunque fuera inflando un globo que en algún momento explotaría), pero también fue artífice de un crecimiento del nivel de precios del 11,5% en EEUU en los dos años hasta 2022, muy por encima del objetivo asimétrico del 2% de la Fed.

Es cierto que en la actualidad la M2 se está reduciendo en EEUU, pero a un ritmo muchísimo menor de lo que se expandió en años anteriores. Concretamente, a finales del año pasado el nivel de M2 se encontraba tan solo un 2,5% por debajo del de marzo, cuando comenzó la reducción del balance de la Fed. Por lo tanto, todo ello, unido a los muy elevados niveles de inflación que seguimos observando en EEUU, muestran que el principal banco central del mundo no está ni cerca del momento de dejar de subir tipos o frenar la contracción de su balance.

La inflación sigue muy presente en nuestras economías y no deberíamos menospreciar sus efectos ni su duración pensando que se deben parar en seco las subidas de tipos o las reducciones de los balances de los bancos centrales. Proceder por dicha vía sería actualmente una irresponsabilidad que tendría serios riesgos de dar pie a una espiral inflacionista que haría que esta se tornara en aún más persistente.

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Tras varios años de intenso debate y actividad burocrática, hace un par de meses ha entrado en vigor la llamada Ley de Mercados Digitales o DMA (siglas de su nombre en inglés, “ Digital Market Act ”) como la conocemos los que hemos seguido el debate desde sus orígenes, y como la voy a denominar en este artículo.

La DMA pretende evitar que determinados agentes de Internet utilicen su supuesto poder de mercado para forzar condiciones injustas a sus clientes y, en consecuencia, a sus usuarios. Distingo clientes de usuarios, porque los referidos agentes de Internet suelen tener la consideración de plataforma, en que una serie de usuarios de la plataforma, sus clientes, la utilizan para vender o dar a conocer su producto a los usuarios de la misma. Por ejemplo, todos somos usuarios del buscador de Google; sin embargo, no pagamos (al menos no con dinero) por este servicio; son los anunciantes clientes de Google los que pagan por el mismo a cambio de poder llevar información a los usuarios. Algo parecido ocurre con Meta-Facebook, en este caso por el uso de las redes sociales. Más complicados pueden ser los casos de Amazon o Apple, pero la idea es básicamente la misma.

Para conseguir su objetivo, la DMA define la figura del Guardián de Acceso o Gatekeeper (usaré también el término en inglés para que no parezca esto un capítulo de Dragones y Mazmorras) y establece en qué condiciones un proveedor de servicios digitales tiene esta consideración para inmediatamente sacudirle con una retahíla de obligaciones, hasta 23, muchas veces de difícil comprensión e interpretación.

Cualquiera que estudie la norma, a poco que sea crítico, se dará cuenta de que está dirigida a sujetos específicos, no es una norma “ciega” como las que exige la “Rule of Law”, por mucho que se disfrace de tal. Es obvio que los Gatekeepers son Microsoft, Google, Apple, Facebook-Meta y Amazon, aunque quizá se cuele algún despistado más en la definición (¿Netflix?).

Tampoco las obligaciones que se imponen están justificadas en consensos teóricos de los economistas. Son las que los funcionarios de la Comisión Europea y de los Estados Miembros, junto con los Europarlamentarios, trabajando codo con codo, han considerado que había que imponerles. Simplemente porque ellos creen que eso es lo bueno para Europa y los europeos, pero sin análisis científico alguno que lo demuestre. Porque hoy es hoy, como decía el anuncio.

Con este instrumento, la Comisión Europea pretende domeñar el poder de mercado de los salvajes Big Tech y evitar así que perjudiquen no solo a los consumidores europeos, sino también al tejido industrial de la Unión. Para los orgullosos burócratas europeos, la DMA es un ejemplo a seguir por el resto del mundo, como también lo constituye otra de sus obras maestras, el inefable RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) [1] .

Esos mismos burócratas, o al menos aquellos que aún se asoman a la realidad desde su torre de cristal, se habrán quedado atónitos al observar la pérdida de valor que han sufrido en Bolsa durante este año los causantes de sus desvelos. Y supongo que la boca aún no se les habrá podido cerrar al constatar que tal pérdida de valor va seguida de reajustes en sus estructuras, esto es, de despidos masivos por todo el mundo.

¿Cómo es posible que empresas con tamaño poder de mercado tengan que ajustarse de esta forma? ¿Acaso no son capaces de desenvolverse con independencia de clientes, proveedores y ciudadanos? ¿O va a resultar que no tenían tal poder de mercado?

Quizá algún burócrata hará la lectura de que esa pérdida de valor se debe precisamente al “éxito” que anticipan los analistas para la DMA. A este optimista habrá que recordarle que cuando ha ocurrido el descalabro aún no estaba en vigor y de hecho faltan bastantes meses para que se implemente, no digamos para que sus efectos se noten; pero, sobre todo, habrá que recordarle que el negocio de los Big Tech es global, y Europa solo supone una parte, no mínima pero sí decreciente, del mismo.

Los demás usaremos el sentido común y algún conocimiento de teoría económica para explicar tal suceso de una forma más racional. Y es que el poder de mercado que aducen los reguladores para justificar sus intervenciones en el mercado, es un mito. Al menos, es un mito en los mercados no regulados. Por supuesto, si los Gobiernos deciden crear monopolios u oligopolios legales, o dar privilegios a las empresas de sus amigos, aparece poder de mercado.

Pero no es así como los Big Tech han llegado a conquistar el mercado. No consta en la historia de Google, o en la de Meta, o en la de Microsoft, o en la de Amazon, o en la de Apple, que el gobierno de los EEUU les concediera un monopolio legal para su actividad. No. Estas empresas han llegado donde han llegado porque eran sobresalientes en la satisfacción de las necesidades de la gente, porque nadie lo hacía mejor que ellos. Su supuesto “poder de mercado” está sujeto a las vicisitudes de las preferencias de sus clientes, de las que nadie les protege. Realmente, ese “poder de mercado” es poder de sus usuarios y de sus clientes, a los que tienen que servir para mantener su posición y sus beneficios.

La pérdida de valor en Bolsa que han sufrido durante este año no se puede explicar fácilmente, y quizá sea solo coyuntural. En todo caso, una pérdida de valor es un desajuste real o anticipado en la capacidad de satisfacer a los clientes. Los inversores les han dicho a las Big Tech que lo que estaban haciendo no es lo que ellos creen que van a querer sus clientes en el futuro. Y a las Big Tech, con todo su supuesto poder, no les queda otra que reestructurarse para tratar de acertar con esas preferencias. En ello están.

Volvamos con la DMA. Ya hemos visto que su construcción, además de arbitraria per se, se ha basado en un mito, cuya falacia se ha constatado justo antes de su entrada en vigor. Si realmente estas empresas no tienen poder de mercado, no hacía falta la DMA para nada. Y ahora que lo tenemos, ¿qué podemos esperar e de él? ¿Ayudará al proceso de ajuste a las preferencias de los ciudadanos que se está exigiendo a los Big Tech?

Esa pregunta equivale a analizar si las obligaciones (23, no se olvide) que se imponen a los Gatekeepers , son realmente cosas que quieren sus clientes y usuarios. Si fuera así, lo cierto es que no hubiera hecho falta obligarles a hacerlas, porque al actuar en un mercado no intervenido se tienen que ajustar a las preferencias de los usuarios para sobrevivir.

Ergo, tiene pinta de que no es el caso, así que lo único que harán dichas obligaciones es entorpecer el proceso de ajuste que estos agentes requieren, forzándoles a dedicar recursos allá donde no son valorados por la sociedad, empezando posiblemente por todos los abogados y consultores que van a hacer su agosto a costa de estas empresas con la implementación de la DMA en Europa.

Así que lo que nos espera en los próximos años a los europeos es la degradación del servicio excelente que hasta ahora nos venían dando. Por un lado, tienen el reto que les propone el mercado de adaptarse a las nuevas demandas; por otro, tendrán que desperdiciar recursos en cumplir lo que quieren los funcionarios y políticos europeos, recursos que no se podrán dedicar a dichas nuevas demandas, sean cuales sean.

Eso sí, la Unión Europea se mantendrá como líder cada vez más destacado en regulación y ejemplo a seguir para el resto del mundo, que esta “empresa” jamás baja en Bolsa.

[1] A cuya loa ya dediqué unas líneas en este mismo foro.

Ver: https://juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/el-reglamento-de-proteccion-de-datos-enterrando-recursos-de-los-europeos-en-la-economia-improductiva/

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El monitor macroeconómico argentino al cierre de 2022 ofrece luces rojas por doquier, con un desequilibrio fiscal, monetario y cambiario de dimensiones preocupantes que dejan a la Argentina al borde de una nueva crisis económica.

En este contexto el oficialismo busca con desesperación noticias favorables a su gestión que le brinden alguna oportunidad en el año electoral que se avecina. En los últimos días, el gobierno ha destacado el dato de inflación mensual, que se redujo de 6.3 % en octubre a 4.9 % en noviembre, lo que podría implicar una desaceleración.

Concretamente, el dato de noviembre nos dice que en lo que va del año se ha acumulado un 85,3 %, y si agregamos el dato de diciembre de 2021, el dato anual sería de 92,4%.

¿Baja entonces la inflación? La primera respuesta nos dice que sí, si sólo miramos el dato mensual de noviembre frente al dato mensual de octubre. La segunda respuesta, sin embargo, nos dice que no, pues la inflación de 2022 cerrará arriba del 90 %, cuando el año anterior cerró apenas arriba del 50 %.

Pero analicemos un poco más los determinantes de esta “baja” en la inflación, pues aquí juega un rol central la “inflación reprimida”, es decir, aquella que se contiene con controles de precios y medidas complementarias de corto plazo y con efecto transitorio.

Podrá defenderse el oficialismo señalando que en este dato de noviembre el tipo de bienes que más aumentó fue precisamente el que tiene que ver con viviendas y servicios básicos, y que precisamente esto obedece a que se reconocieron subas de tarifas por la segmentación que tuvo lugar en todo el país.

Indice de Precios al consumidor. Nivel general en todo el país. Noviembre de 2022

Sin embargo, el concepto de inflación reprimida va más allá de las tarifas y el precio del combustible. Se trata del fenómeno monetario, y en concreto de los pasivos del banco central.

La práctica de estirilizar la oferta monetaria en Argentina tiene su antigüedad, sin embargo, las Lebacs primero, y las Leliqs y pases después, se convirtieron en la nueva forma de inflación reprimida, que a veces los expertos deciden ignorar.

Lo cierto es que la respuesta a la pregunta de esta nota, no la vamos a encontrar en un IPC mensual, ni tampoco en un IPC acumulado o anualizado, ni tampoco agregando el negativo efecto de los controles de precios. Se requiere analizar la dinámica de los pasivos monetarios del BCRA. El siguiente gráfico es un buen punto de partida.

Evolución semanal de los pasivos no monetarios del BCRA.

Un complemento lo podemos encontrar en este gráfico tomado del informe diario del BCRA del 19 de diciembre de 2022, donde se observa que si bien la base monetaria está relativamente estable, los otros pasivos siguen escalando.

Principales pasivos en pesos del BCRA

¿Por qué esta situación no explota hoy? Porque el oficialismo hace una jugada audaz para contener los pasivos del BCRA fuera del mercado, con atractivas y crecientes tasas de interés.

Informe monetario diario al 19 de diciembre de 2022

Este es el verdadero factor que muestra que lejos de bajar la inflación, esta sube, y no sólo porque el dato de 2022 es récord desde la hiperinflación de 1989-1991, sino porque además se alimenta con una inflación reprimida que pronto habrá que reconocer.

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